El Ministerio del Trabajo fue citado formalmente por la Comisión Séptima de la Cámara para responder por dos decretos que introducen por vía reglamentaria lo que el propio Congreso rechazó durante los debates de la reforma laboral. Sanguino envió excusa por agenda previa y la Comisión no la aceptó.
La Comisión Séptima es la instancia constitucional competente en materia laboral. Los representantes Betsy Pérez de Cambio Radical, Víctor Manuel Salcedo del Partido de la U y Héctor David Chaparro del Partido Liberal ejercieron el control político que la Constitución les otorga al considerar que el Ejecutivo está actuando por fuera de sus competencias. El Ministerio del Trabajo respondió con una silla vacía.
El Ministerio fue citado formalmente para responder por dos decretos que introducen por vía reglamentaria lo que el propio Congreso rechazó durante los debates de la reforma laboral. Días antes, el Ministerio anunció en medios un acuerdo de concertación con el gremio Acoset. El día del debate, decidió no presentarse ante el legislativo.
A pesar de que los congresistas valoraron la presencia de la Viceministra, encargada técnica de los temas en debate, la Comisión dejó en claro que la citación era para la cabeza de la entidad, quien firma los decretos. La excusa de agenda previa no fue aceptada.
La Representante Pérez fue precisa al respecto. La citación incluía expresamente al Ministro y a la Viceministra, y la presencia de la segunda no eximía al primero de su obligación de comparecer. No era optativo elegir quién venía. Por su parte, Chaparro recordó que el cuestionario fue enviado hace más de dos meses y que en cada citación previa la respuesta del Ministerio es siempre la misma. Siempre hay una agenda previa.
«Son temas que se discutieron acá en esta Comisión para efectos de la reforma laboral. Y la democracia sacó adelante un texto que fue votado en la Comisión, y el Gobierno no puede burlarse de la decisión del Congreso vía decretos reglamentarios. Esa ha sido la constante: que todos los puntos de la propuesta del Gobierno que no pasaron en la Comisión Séptima se están adoptando vía decreto, y eso pasa por encima de las facultades reglamentarias del Ministerio”, afirmó el representante Salcedo.
Al reclamo se sumó el representante Andrés Forero del Centro Democrático, quien fue enfático en que la práctica del Ministerio de desconocer las decisiones del Congreso vía decreto es una afrenta directa al legislativo.
Los decretos en debate
El primero es el Decreto 234 de 2026 sobre negociación colectiva multinivel, ya expedido y demandado ante el Consejo de Estado. Reproduce cinco artículos que el Congreso eliminó en el primer debate de la reforma laboral. El propio decreto en sus considerandos advierte que la materia que regula corresponde al legislador y no puede realizarse vía reglamentaria. El Gobierno lo escribió y firmó el decreto de todas formas.
El segundo es el proyecto de decreto sobre tercerización e intermediación laboral, actualmente en su quinta versión. Aunque el Ministerio ha incorporado algunos ajustes en respuesta a observaciones del sector esto no corrige los vicios de ilegalidad que persisten.
Un Gobierno que legisla por decreto lo que pierde en el Congreso
Desde marzo de 2026, cada decreto del Ministerio de Trabajo reproduce, con distinto nombre, lo que el legislativo deliberó y rechazó. Esto no es un caso aislado en el actuar del Gobierno Nacional en materia regulatoria. De los 116 decretos de importancia expedidos por el Gobierno, 36 fueron objeto de algún tipo de decisión judicial (inexequibilidad, suspensión o demanda activa), entre ellos el decreto de salario mínimo y el de traslado pensional, que fue noticia la semana pasada. Eso equivale a 1 de cada 3 decretos
sustantivos con algún tipo de decisión judicial.
El país, los trabajadores y las empresas merecen un debate que el Gobierno no está dispuesto a dar. El Gobierno quiere seguir reviviendo la reforma laboral, sin comparecer ante el Congreso, desconociendo su voluntad y en plena época electoral.