El “cartel de la insolvencia”: una alerta que Colombia no puede ignorar
Autor: Víctor Ramírez, socio de Auditoría, líder sector financiero BDO en Colombia
En los últimos meses, el término “cartel de la insolvencia”, mencionado por Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, ha puesto sobre la mesa una preocupación legítima para el sistema financiero colombiano. Su advertencia no solo es oportuna, sino necesaria: estamos frente a un fenómeno que, de no abordarse con rigor, puede erosionar la confianza en uno de los pilares fundamentales de la economía.
Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente?
El llamado “cartel de la insolvencia” hace referencia a prácticas indebidas en las que ciertos intermediarios —en algunos casos asesores, abogados o estructuras organizadas— promueven el uso estratégico y abusivo de los mecanismos de insolvencia para evadir obligaciones financieras. En lugar de ser un recurso legítimo para reorganizar deudas y recuperar la viabilidad económica, la insolvencia se convierte en una herramienta de aprovechamiento oportunista.
Este fenómeno representa un riesgo en múltiples niveles. Para el sistema financiero, implica un deterioro en la calidad de la cartera y un aumento en la percepción de riesgo, lo que eventualmente puede traducirse en condiciones de crédito más restrictivas o costosas. Para las empresas, genera distorsiones competitivas: aquellas que cumplen con sus obligaciones compiten en desventaja frente a quienes utilizan estas figuras de manera indebida. Y para los ciudadanos, el impacto es indirecto pero real: menor acceso a financiamiento, mayores tasas y un entorno económico más incierto.
Desde una perspectiva ética, el problema es aún más profundo. El abuso de los mecanismos de insolvencia rompe el principio de buena fe que sustenta las relaciones económicas. Cuando la insolvencia se utiliza no como un mecanismo de salvamento, sino como una estrategia deliberada de evasión, se desvirtúa su propósito y se afecta la legitimidad del sistema.
Ahora bien, es fundamental hacer una precisión clave: la insolvencia no es el problema. Por el contrario, es una herramienta esencial en cualquier economía moderna. Permite que personas y empresas en dificultades puedan reorganizarse, proteger el empleo y evitar liquidaciones innecesarias. El reto está en proteger esa herramienta de los abusos.
Desde el sector financiero, la postura debe ser firme pero constructiva. No se trata de restringir el acceso a los mecanismos de insolvencia, sino de asegurar que su uso responda a situaciones genuinas de dificultad y no a estrategias de evasión. En ese sentido, se requieren acciones concretas y coordinadas.
Primero, es indispensable fortalecer la educación financiera. Muchos ciudadanos pueden ser vulnerables a asesorías inadecuadas o promesas engañosas que presentan la insolvencia como una “salida fácil”. Entender las implicaciones reales —incluyendo impactos en historial crediticio y reputación financiera— es clave para tomar decisiones informadas.
Segundo, se debe avanzar en una mayor supervisión y control sobre los intermediarios que asesoran estos procesos. No todos actúan de manera indebida, pero aquellos que sí lo hacen deben ser identificados y sancionados. Aquí hay un rol claro para las autoridades, pero también para los gremios y el propio sistema financiero en la construcción de estándares y buenas prácticas.
Tercero, es necesario promover mecanismos formales y transparentes de reestructuración de deuda. Las entidades financieras han avanzado en ofrecer alternativas de negociación y alivio, pero aún hay espacio para hacer estos procesos más accesibles, ágiles y conocidos por los usuarios. La prevención siempre será más eficiente que la corrección.
El llamado a la acción es claro. Los reguladores deben fortalecer los marcos de supervisión y sanción. Las entidades financieras deben seguir innovando en soluciones de acompañamiento a clientes en dificultad. Y los ciudadanos deben asumir un rol responsable, entendiendo que el crédito es una herramienta que exige compromiso y transparencia.
Reconocer, como lo ha hecho Jonathan Malagón, la existencia de este fenómeno es el primer paso. El siguiente es actuar de manera decidida para evitar que prácticas indebidas ganen terreno.
Al final, todo se resume en un activo intangible pero fundamental: la confianza. Sin confianza, no hay crédito; sin crédito, no hay crecimiento. Preservarla es una responsabilidad compartida que no admite dilaciones.
