Lo ocurrido para 2026 no tiene parangón en la historia económica reciente del país. La decisión del Gobierno Nacional de decretar un aumento del salario mínimo legal vigente (SMLV) del 23,7%, fijando el ingreso total en $2.000.000, representa un quiebre frontal con la ortodoxia técnica que ha guiado la política salarial colombiana desde 1991. No es un ajuste incremental. Es un cambio de régimen.
El colapso del consenso y el nacimiento del “salario vital”
El proceso previo al decreto estuvo marcado por la ruptura total del diálogo social. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales fracasó en diciembre de 2025 ante posturas irreconciliables. Las centrales obreras arrancaron la negociación con una exigencia del 16%, mientras los gremios empresariales defendieron una propuesta técnica cercana al 7,21%, advirtiendo sobre los riesgos para las MiPymes, que concentran cerca del 97% del tejido empresarial.
Ante el bloqueo, el Gobierno optó por una decisión unilateral que incluso superó las aspiraciones sindicales. El argumento fue conceptual y se centró en la adopción del “salario mínimo vital”, una noción inspirada en lineamientos de la OIT, según la cual el salario se define por la capacidad de cubrir una “canasta de vida digna” y no por la productividad.
La lógica oficial fue directa. Si un hogar promedio necesita más de tres millones de pesos mensuales y cuenta con 1,5 ocupados, el salario base debía situarse en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, hasta alcanzar el umbral simbólico y político de los dos millones.
Productividad ausente y el efecto faro
El principal punto de fricción aparece al contrastar esta decisión con la realidad productiva. En 2025, la productividad total de los factores creció apenas 0,91%. Frente a ese dato, un aumento salarial real cercano al 18,5%, descontando una inflación del 5,3%, genera un descalce estructural. Se trata de un sobrecosto que las empresas solo pueden absorber reduciendo márgenes, trasladándolo a precios o ajustando empleo.
Aquí entra en juego el “efecto faro”. En una economía donde más del 56% del empleo es informal, el salario mínimo funciona como referencia general de precios, tarifas y expectativas en la economía popular. El resultado probable es un ajuste generalizado de servicios y alimentos bajo una lógica simple. Si el mínimo sube 23%, el resto de la estructura de precios intenta acompañarlo.
Este mecanismo presiona la inflación de servicios, aleja la meta del 3% del Banco de la República y empuja las proyecciones de cierre de 2026 hacia niveles superiores al 6%.
El muro de los tres millones y el costo real de contratación
Para las empresas, el salario mínimo de dos millones es un número incompleto. Al sumar seguridad social, prestaciones, parafiscales, primas, cesantías y vacaciones, el costo real de un trabajador de salario mínimo en 2026 se ubicará entre $2,8 y $3 millones mensuales.
Esta “barrera de los tres millones” resulta crítica para las pequeñas empresas que operan con márgenes estrechos. Las reacciones previsibles son bien conocidas.
- Destrucción de empleo formal, vía despidos o cierre de unidades productivas.
- Migración hacia la informalidad, mediante acuerdos por fuera del sistema de seguridad social.
- Automatización acelerada, especialmente en grandes empresas, para sustituir una mano de obra que se vuelve relativamente más costosa.
Banco de la República y el riesgo de estanflación
El ajuste salarial coloca al Banco de la República en una trayectoria de choque con el Ejecutivo. Para contener los efectos inflacionarios, el Emisor tiene incentivos para frenar o incluso revertir la reducción de tasas. No es descartable que la tasa de intervención vuelva a niveles cercanos al 11% en 2026.
El resultado es un escenario clásico de estanflación, con costos laborales elevados, crédito caro y una demanda que puede debilitarse si la inflación erosiona el aumento nominal del ingreso. La inversión privada, el crédito hipotecario y el consumo quedan atrapados en ese triángulo.
El golpe silencioso al bolsillo
Paradójicamente, el aumento del mínimo encarece la vida de quienes busca proteger. Esto, debido a la indexación. Tres frentes sentirán el impacto de inmediato.
- Vivienda de Interés Social (VIS). Al estar expresada en salarios mínimos, una vivienda de 150 SMMLV pasará de unos $213 millones en 2025 a $262,6 millones en 2026, generando riesgos de desistimiento masivo.
- Propiedad horizontal. Vigilancia y aseo son intensivos en mano de obra, por lo que las cuotas de administración podrían subir entre 20% y 23%.
- Servicios y trámites. SOAT, cuotas moderadoras y otros servicios indexados enfrentarán presiones al alza, pese a los intentos de desindexación.
Ganadores y perdedores
El sector públicoverá un aumento temporal en el recaudo de aportes, acompañado de un encarecimiento de su nómina, sus contratos y su pasivo pensional, con un costo adicional para Colpensiones.
El sector financiero podría beneficiarse de tasas más altas, aunque con mayor riesgo de cartera vencida si el desempleo repunta.
Los mayores perdedores serían el comercio minorista, los hoteles y los restaurantes, altamente dependientes del empleo de salario mínimo y vulnerables a una contracción del consumo.
Este es un experimento y populismo de alto riesgo. La brecha entre inflación y aumento salarial real, cercana a 18,5 puntos porcentuales, no tiene precedentes recientes.
Lo que está en marcha es un experimento macroeconómico en tiempo real. Dignificar el ingreso es un objetivo legítimo. Hacerlo desconectado de la capacidad productiva abre un frente de riesgos significativos.
El 2026 será un año de prueba. Si el mercado laboral no logra financiar esta apuesta, la promesa del salario vital terminara en escenarios más duros, como mayor desempleo, más informalidad y una brecha aún mayor entre la Colombia formal y la real.
Análisis de: Juan José Escobar Jaramillo, editor económico.
