La situación actual de las EPS evidencia el desfinanciamiento del sistema. Incumplimientos en pagos de Presupuestos Máximos, recobros y compensación por parte de ADRES compro- meten el flujo de recursos.
La semana pasada el Gobierno anunció la intervención de Sanitas y la Nueva EPS, dos de las EPS más grandes del país que cuentan con más de 5,7 millones y 10 millones de usuarios, respectivamente. Dentro de las razones que anunció el Superintendente Nacional de Salud para intervenir Sanitas, se menciona el aumento de quejas de la entidad y la falta de cumplimiento de requisitos financieros, tales como contar con un nivel mínimo de patrimonio adecuado, así como de reservas técnicas. Por otro lado, dentro de los motivos de la intervención de la Nueva EPS se mencionó una falsa contabilidad dentro de la entidad. Ante este panorama, Compensar EPS se adelantó y mediante la solicitud del retiro del Sistema General de Seguridad Social notificó su liquidación voluntaria.
A pesar de que el Gobierno estableció que la intervención de las EPS tiene como objetivo corregir problemas y beneficiar a los usuarios, desde ANIF alertamos sobre la decisión. La situación financiera de la EPS es el reflejo de un manejo inadecuado de las finanzas del sistema de salud por parte del Ejecutivo. Además, genera riesgos sobre el flujo de recursos y pone en jaque el aseguramiento y goce efectivo de la salud.
Dada la relevancia del tema, entregaremos dos publicaciones. En este Comentario Económico se abordará el contexto que enmarca la intervención a dos de las EPS más grandes del país. Posteriormente, detallaremos las potenciales implicaciones sobre el servicio de salud de esta medida.
Deudas con las EPS
Desde inicio de este año la Corte Constitucional identificó problemas con la fijación, reajuste y pago de los Presupuestos Máximos (PM), uno de los principales recursos que fondean la salud. De esta forma, ordenó al Ministerio de Salud saldar las deudas con las EPS. Si bien la ADRES giró un monto equivalente a $1,1 billones, correspondiente al 2023 y primeros meses del 2024, esto no cubre el déficit al que se enfrenta el sistema. Este, como hemos mencionado en otros informes, asciende a una cifra cercana a $10 billones según nuestras estimaciones. En esa línea, no solo los PM han representado un reto para las EPS, la falta de cumplimiento de pago por parte de la ADRES por concepto de UPC, recobros, compensaciones e incapacidades, implicó que desde el año pasado se viniera alertando una crisis financiera para varias aseguradoras del país.
Respecto a las EPS recientemente intervenidas, la deuda más grande por parte de la ADRES, con corte a diciembre de 2023, corresponde a la Nueva EPS, por un valor que supera los $3,04 billones (gráfico 1). Dentro del rubro más grande de impago se sitúan los recursos por PM equivalentes a $1,05 billones, seguido de la subcuenta de compensación. Asimismo, el rubro de PM es el que más pesa dentro del impago que acumula la ADRES con Sanitas y equivale a $735 mil millones, en donde la deuda total asciende a $1,53 billones.
Debido a la falta de recursos las EPS han acumulado deudas crecientes. Según los datos con corte a diciembre de 2023 de la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS acumulaba una deuda por servicios de salud equivalente a $1,01 billones, mientras que en el caso de Sanitas se situó en $GG3 mil millones. Lo anterior como consecuencia del desfinanciamiento del sistema y el aumento de costos experimentados por parte de los prestadores.
Frente a ese último frente, vale destacar que se agudizó con la pandemia. Luego del Covid-1G hubo un desbalance de las cargas epidemiológicas que recibieron las EPS, por el traspaso voluntario y asignado de usuarios por parte de la Supersalud ante liquidaciones como la de Medimás. Así, Sanitas y la Nueva EPS fueron las que admitieron más usuarios1, aumentando el número de pacientes con enfermedades crónicas y con eso sus costos en prestación de servicios.
Finalmente, vale la pena añadir el borrador de decreto presentado que establece destinar el 5% del pago de la UPC para la financiación de Equipos Básicos de Salud, lo que restaría recursos para la ya comprometida provisión de servicios de salud.
Solvencia financiera
Con todo y para poder responder con la demanda de sus usuarios, varias EPS han tenido que hacer uso de su propio capital, específicamente de sus reservas técnicas (RT). Ese concepto hace referencia a los recursos que las EPS deben tener disponibles para cumplir con las obligaciones que se derivan de su actividad. Es- tas obligaciones no solamente son las actuales, sino también las futuras. De esta forma, las RT se pueden entender como aquellos activos que permiten respaldar un pasivo y así satisfacer requisitos de liquidez y seguridad para poder realizar los pagos a su red de prestadores. En línea con lo anterior, esta herramienta permite financiar el pago de las prestaciones incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), los servicios y tecnologías incluidos en los Presupuestos Máximos, el plan de atención complementaria (PAC) y las incapacidades.
Dada la necesidad de recursos, desde el año pasado la mayoría de las EPS, entre esas Sanitas y Nueva EPS, incumplieron con el mínimo requerido de reservas. Eso ha implicado que 21 de 26 EPS no cuenten con los recursos necesarios para poder respaldar las obligaciones asociadas a su actividad.
Además, por normatividad, el 100% de esos recursos deberían estar respaldados en activos de inversión. Con la necesidad de flujo para suplir la demanda, es un frente que tampoco ha logrado cubrirse. Según los estados financieros de las EPS con corte a octubre de 2023, las EPS destinan al cumplimiento de RT un valor de $13,7 billones. Sin embargo, de ese total, solo $1,3 billones se encuentran respaldados, lo que implica un faltante total por $12,4 billones. De forma particular, se observa que, al tomar el total de activos invertidos sobre el valor de la provisión de reservas técnicas, Sanitas cuenta con el mayor porcentaje de respaldo (4G%).De hecho, se encuentra muy por encima del total del sistema, donde esta proporción es tan sólo del 10%.
Consideraciones finales
En suma, se observa que el sistema enfrenta un serio problema de financiamiento. Como lo hemos mencionado en informes previos, el mecanismo de ajuste de la UPC no reconoce el incremento en la demanda de servicios e impone presiones al sistema. Además, el incumplimiento de pagos por parte de la ADRES, termina por lapidar el esfuerzo de las aseguradoras de mantener niveles de solvencia saludables.
Además, si bien se reconoce la importancia de cumplir con los requisitos necesarios en términos de reservas técnicas, las EPS han tenido que disponer de esos recursos ante los montos adeudados por parte de la ADRES, que estimamos ron- dan cerca de 10 billones de pesos. Así, el gobierno nacional incurre en una decisión errada interviniendo las EPS, pues ataca el síntoma antes que la causa. Con eso, compromete la prestación de servicios y pone en riesgo uno de los logros más grandes en términos de equidad que tenemos en nuestra historia reciente, nuestro sistema de salud.
