Las empresas deben prepararse, no entrar en pánico, antes de las elecciones críticas

Por: Theodore Kahn

Mucho estará en juego cuando los colombianos se dirijan a las urnas en el mes de mayo.  Las elecciones presidenciales probablemente se reducirán a una segunda vuelta muy reñida el 19 de junio entre dos candidatos con visiones dramáticamente diferentes del futuro.  Gustavo Petro, senador de izquierda y ex alcalde de Bogotá, quiere reformar el modelo económico y social de Colombia abandonando los combustibles fósiles y la minería, aumentando el apoyo estatal a la industria local y los agricultores, y fortaleciendo el papel del gobierno en la salud y la seguridad social.   Federico Gutiérrez (conocido como «Fico»), un ex alcalde de centroderecha de Medellín está lanzando estabilidad y continuidad en contraste con la promesa de Petro de un cambio radical. Su campaña está jugando con el miedo a la izquierda en un país que vio una insurgencia guerrillera de décadas y ha sido testigo de primera mano de los efectos de la implosión económica de Venezuela.

La elección se produce después de varios años tumultuosos. Desde 2019, Colombia ha sido sacudida por protestas masivas, y las interrupciones sociales y económicas de la pandemia enviaron a casi 4 millones de personas a la pobreza.   En los últimos meses, la inflación ha asestado un nuevo golpe a los hogares vulnerables, con precios de los alimentos más de un 20% más altos que hace un año.  El próximo presidente tendrá que abordar este complejo panorama social, al tiempo que enfrenta restricciones fiscales, un Congreso fragmentado y un entorno de seguridad en deterioro en muchas partes del país. 

Si bien muchas empresas e inversionistas están preocupados por las implicaciones de un gobierno de izquierda, los desafíos clave de Colombia, y los riesgos comerciales que conllevan, permanecerán independientemente de quién gane las elecciones.  Las empresas deben comprender cómo estos factores interactuarán con las acciones de los diferentes gobiernos potenciales para crear riesgos específicos para su negocio.

Política e incertidumbre política

La plataforma de Petro prevé importantes cambios normativos y regulatorios en varias áreas. Primero, quiere eliminar gradualmente la producción de petróleo y minería al poner fin a las licencias para la exploración de petróleo, gas y minerales. También propone una lista de medidas de política industrial, como aranceles y subsidios públicos para promover la agricultura y las industrias nacionales. En política social, Petro buscaría aumentar el papel del gobierno en la provisión de servicios de salud y pensiones, a expensas de los actores privados. Para pagar todo esto, quiere revisar el sistema tributario de Colombia, aumentando la tasa efectiva del impuesto sobre la renta personal para los ricos y eliminando las exenciones y beneficios para ciertas industrias y empresas.

¿Cuánto podría lograr Petro realmente?

En el sector extractivo, el ejecutivo podría simplemente dejar de emitir licencias para la exploración de petróleo, gas y minerales sin la aprobación del Congreso. Un gobierno de Petro también podría crear

barreras regulatorias para los proyectos mineros y de hidrocarburos al establecer reglas más exigentes para la consulta previa de las comunidades locales y requisitos ambientales más estrictos. En cuanto a la política comercial, el ejecutivo tiene el poder de establecer niveles arancelarios e imponer barreras no arancelarias para limitar las importaciones. Si bien tales cambios podrían ser impugnados en los tribunales y a través de mecanismos internacionales de solución de controversias, estos procesos a menudo tardan años en resolverse. Las compañías petroleras y mineras y los importadores (especialmente de alimentos y ropa) enfrentarían un mayor riesgo regulatorio bajo un gobierno de Petro.

En otras áreas, sin embargo, Petro enfrentaría la oposición de un Congreso fragmentado, donde su coalición del Pacto Histórico carecerá de mayoría. Su plan de salud, que eliminaría a las llamadas Entidades de Promoción de la Salud (EPS) del mercado de seguros y ampliaría en gran medida el papel del gobierno en la prestación de servicios de salud, casi con seguridad sería bloqueado por los partidos centristas y de centroderecha. Sobre la reforma tributaria y de pensiones, alguna versión de sus propuestas podría obtener la aprobación legislativa, pero eso requerirá una negociación seria y un compromiso por parte del gobierno. Una administración liderada por Fico también enfrentaría desafíos de gobernabilidad. Su coalición también carecerá de una mayoría en el Congreso, y los partidos de izquierda se opondrán firmemente a su agenda. Las reformas favorables a los negocios probablemente tendrían dificultades para obtener la aprobación del Congreso.  Aún así, es probable que las empresas se enfrenten a cambios en el impuesto sobre la renta corporativa en 2023, independientemente del resultado de las elecciones. Será necesaria una reforma tributaria durante los primeros meses del próximo gobierno, y ambos candidatos principales proponen eliminar exenciones y beneficios especiales que favorecen a algunas industrias y empresas.

Malestar social

El descontento social seguirá siendo una fuerza impulsora en la política nacional.  Los grupos detrás de las protestas en 2019 y 2021 serán actores relevantes en el escenario nacional, independientemente de quién gane la presidencia. Petro es claramente el candidato que representa sus demandas.  Si llega a ser presidente, los grupos sociales esperarán avances en temas como mejorar el acceso a la salud y la educación, apoyar a los pequeños agricultores y combatir la corrupción.  Estas altas expectativas podrían llevar a un renovado malestar social si la agenda de Petro está bloqueada por el Congreso o los tribunales.  En este escenario, Petro probablemente convocaría a manifestaciones en apoyo de sus políticas, y contra las instituciones que considera que obstruyen la transformación social. Si Fico gana, los riesgos del riesgo social serán aún más agudos. Los grupos sociales que salieron a las calles en 2019 y 2021 verán una presidencia de Fico como una continuación de la administración Duque y probablemente cuestionarán la legitimidad de su elección a la luz de las recientes preocupaciones sobre la imparcialidad de las autoridades electorales de Colombia.  Los ataques contra el nuevo gobierno serían probables a partir del día de las elecciones.

El contexto macroeconómico

El próximo presidente de Colombia heredará un escenario macroeconómico desafiante.  La pandemia provocó que el déficit fiscal y la deuda pública subieran en 2020 hasta el 7,8% y el 64,7% del PIB respectivamente. Dos de las principales agencias de calificación crediticia rebajaron la calificación de la

deuda soberana de Colombia en el 2021.  El tipo de cambio perdió un 14% de su valor en el transcurso de 2021, en medio de la preocupación por la situación fiscal y el resultado de las elecciones, aunque los altos precios del petróleo han llevado a una apreciación en las últimas semanas.  La inflación se aceleró a finales de 2021 y alcanzó el 8,5% interanual en marzo de 2022.

Petro ha encendido las alarmas con comentarios sobre el cambio de la estructura de la Junta Directiva del Banco de la República (banco central de Colombia) y el uso de la emisión monetaria para financiar el gasto social. Sin embargo, creemos que se mantendrá la autonomía y orientación técnica del Banco de la República. Además, cualquier intento de Petro de asaltar fondos fuera del presupuesto para aumentar el gasto probablemente se vería frenado por restricciones institucionales.  Aún así, la incertidumbre en torno a las políticas de Petro podría causar una mayor depreciación del peso en la segunda mitad de 2022, lo que exacerbaría las presiones inflacionarias.  Los riesgos macroeconómicos tampoco desaparecerán si Fico es elegido.  Sus vagas propuestas sobre impuestos y gastos crean dudas sobre su seriedad para abordar la precaria situación fiscal.  En cualquiera de los dos escenarios, es probable que los déficits y los niveles de deuda se mantengan muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia durante varios años, lo que elevará los costos de endeudamiento.

ESG y riesgo reputacional

Los riesgos ESG también podrían variar dependiendo del resultado de las elecciones. La fuerte posición de Petro contra las industrias extractivas implicaría un mayor escrutinio ambiental de las inversiones petroleras y mineras.  Las comunidades locales disfrutarían de un mayor respaldo del gobierno durante los procesos de consulta previa, lo que llevaría a condiciones más exigentes para la inversión.  Además, habría riesgos de reputación más amplios para las empresas bajo una administración de Petro.  Como candidato, Petro a menudo ha villanizado a las grandes empresas privadas, a quienes culpa de males sociales como la desigualdad de ingresos y las debilidades en los sistemas de salud y pensiones.  Si Petro llevara esa retórica a la presidencia, la percepción pública de los empresarios y los empresarios podría empeorar, exacerbando una tendencia ya evidente durante los disturbios sociales de 2019 y 2021.

Seguridad

Una complicada situación de seguridad, caracterizada por crecientes amenazas de grupos armados organizados, creará desafíos para las empresas, independientemente de quién gane las elecciones.  Los enfoques de seguridad de los candidatos difieren de manera importante. Petro aboga por una desviación de la estrategia militarizada y punitiva de la administración Duque para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Propone una política de seguridad «humana», que incluya un enfoque en la regulación en lugar de cazar a los narcotraficantes, fortalecer la capacitación en derechos humanos en la fuerza policial y desmantelar la unidad de policía antidisturbios de Colombia.  También continuaría las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los principales grupos armados organizados. Esto probablemente conduciría a una reducción temporal de la violencia, aunque las perspectivas a largo plazo para un acuerdo son inciertas. Además, la visión de Petro de unas fuerzas de seguridad transformadas con una orientación más fuerte hacia los derechos humanos tardaría en dar sus frutos y podría generar tensiones con la policía.  Fico, por otro lado, continuaría en gran medida la política de seguridad de la

administración Duque, con un enfoque en la lucha directa contra los narcotraficantes y los grupos armados organizados.  Es poco probable que este enfoque resuelva la grave situación de seguridad en muchas regiones en ausencia de una política más holística.

¿Qué deben hacer las empresas?

Nuestro primer apunte a las empresas e inversores es no entrar en pánico ante la posibilidad de un gobierno de izquierdas.  No prevemos una pérdida de estabilidad macroeconómica o un cambio radical en el modelo económico bajo un gobierno de Petro.  Por supuesto, eso no significa que no haya riesgos en el entorno empresarial en los próximos cuatro años.  Pero creemos que los riesgos clave tienen tanto que ver con el contexto social y económico subyacente como con las decisiones políticas del próximo gobierno.  Si bien estarán presentes independientemente de que ganen las elecciones, estos riesgos se manifestarán de diferentes maneras y en diferentes plazos dependiendo de la composición del próximo gobierno.  

Por lo tanto, las empresas deben prepararse para monitorear los riesgos y desarrollar planes de contingencia para los diferentes escenarios.  Deben comenzar por identificar los riesgos más relevantes para su negocio y los factores que determinarán si ese riesgo se materializará o no.  Con base a esto, las empresas pueden establecer indicadores que les ayuden a monitorear si es más o menos probable que surja un riesgo en particular y desarrollar medidas de mitigación relevantes.   Este enfoque permitirá a las empresas responder a los riesgos clave de una manera medida y proporcionada sin renunciar a las oportunidades que Colombia continuará ofreciendo.

Acerca del autor: Theodore Kahn es analista senior en el equipo de análisis y pronóstico de riesgos políticos, operativos y de seguridad líder en el mercado de Control Risks, con sede en Bogotá, Colombia.