Lo bueno y lo malo de la nueva política de riesgo para Proyectos de Infraestructura
CONPES recomienda a las entidades estatales que se analicen algunos riesgos que antes no habían sido explícitamente considerados como el riesgo de cambio climático.
A mediados de junio se aprobó la nueva Política de Riesgo Contractual del Estado para Proyectos de Infraestructura con Participación Privada, a través del documento CONPES 4117, que ha tenido muy buen recibimiento en el sector de infraestructura, pues actualizó, compiló y aclaró las políticas públicas en relación con los proyectos con inversión privada que se encontraban dispersos en varios documentos. Así, el documento permite que haya una guía unificada, clara y ordenada para facilitar el análisis de los inversionistas sobre la gestión del riesgo en proyectos de infraestructura.
Para la directora de Mendoza, María Lucía amador, “resulta positiva la inclusión de lineamientos específicos para proyectos de diferentes sectores. Anteriormente, para cierto tipo de proyectos con complejidades técnicas y financieras particulares, resultaba inconveniente aplicar la política de riesgos que era de uso transversal contenida en el CONPES 3107 de 2001, al no estar alineados con las necesidades de los proyectos de cada sector particular. Estas directrices no podían ser aplicadas a otro tipo de infraestructura desarrollada bajo el mecanismo de APP”.
Ahora, si bien el documento incluye unos lineamientos generales que primarán sobre los de cada sector, tener herramientas para la asignación de riesgo específicas para abordar las características de cada proyecto será muy beneficioso para desarrollar estos sectores que están, de cierta manera, atrasados. El documento incluye lineamientos para el manejo de riesgos en 19 tipos de proyectos de infraestructura, incluyendo sectores “tradicionales” como carreteras, puertos, y vías férreas.
Pero particularmente, se resalta la inclusión de los lineamientos específicos para educación, justicia, agua y saneamiento básico, recreación y deporte, cultura y edificios públicos, sectores que actualmente no han sido muy exitosos a través del mecanismo APP, justamente por la especificidad en el tipo de riesgos involucrados que no podían ser abordados por unos lineamientos generales.
Así mismo, vale la pena destacar que el CONPES recomienda a las entidades estatales que se analicen algunos riesgos que antes no habían sido explícitamente considerados en este análisis. Uno de ellos es el riesgo de cambio climático, que ya se había abordado en los Proyectos de 5G. Si bien el riesgo se transfiere al privado, tener claridad y parámetros específicos para delimitar y gestionar el riesgo de cambio climático sin duda alguna impulsará la financiación de los proyectos, pues cada vez más los prestamistas tienen criterios mucho más estrictos en este sentido.
Sobre el tema, el documento considera necesario que desde ahora se aborde analicen los efectos favorables y desfavorables que pueda tener el cambio climático a largo plazo sobre los activos de infraestructura para que estos sean más resilientes, de manera que a medida que se intensifiquen los efectos de este fenómeno, la infraestructura sea capaz de sostener a las comunidades vulnerables al largo plazo.
Otros riesgos específicos que llaman la atención por ser novedosos es el riesgo cultural, que delimita los efectos favorables y desfavorables relacionados con los costos de la obtención de permisos para la utilización o intervención de inmuebles con valores patrimoniales o Bienes de Interés Cultural (BIC). Esto resulta particularmente relevante para los proyectos que se desarrollarán en grandes ciudades.
Por el otro lado, está el riesgo de hallazgos de cuerpos de personas presuntamente dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, el cual será asumido por la entidad contratante. Este riesgo llama especial atención pues podría pensarse que su acaecimiento es muy remoto. Sin embargo, el Concesionario para el proyecto APP del Canal del Dique, uno de los proyectos más importantes del país, se ha enfrentando a ciertos inconvenientes por cuenta de esto, pues se han hallado víctimas del conflicto en el canal.
Finalmente, “el documento prevé un régimen de transición consistente en que los proyectos que se radiquen en los siguientes 6 meses para aprobación de valoración de obligaciones contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como los proyectos que ya hayan sido radicados, podrán seguir los lineamientos anteriores. El régimen de transición viabiliza también algunos proyectos que están siendo estructurados pues con estas reglas de juego más claras podrán salir nuevos proyectos al mercado que sean bancables”, concluye María Lucía Amador.
