Septiembre, mes decisivo para la Declaración de Precios de Transferencia en grandes empresas
En Colombia, los obligados ante esta declaración deberán hacerlo entre el 7 y el 20 de septiembre, de acuerdo al último dígito del NIT.
Los precios de transferencia son aquellos precios de venta, compra de bienes, servicios e intangibles que se pactan entre empresas que pertenecen a una misma organización. Las empresas que hacen uso de este mecanismo son, especialmente, aquellas que operan en diferentes países y que son parte de un mismo grupo económico, en algunas jurisdicciones aplica a las operaciones internas que se realizan entre partes relacionadas dentro del mismo país.
“Los ingresos recaudados a partir de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia son importantes, ya que estos participan en el financiamiento de los programas y proyectos del Gobierno. Con una reducción en los fondos nacionales, se pone en riesgo la ejecución y aprobación del presupuesto destinado para el año 2024”, indicó Carlos Vargas Alencastre, Líder de TPC Group. [1]
De esa forma, ¿quiénes están obligados a presentar esto? Aquellos que están sujetos a esta declaración son las personas o empresas que tengan un patrimonio bruto al cierre del año fiscal de al menos $3,800,400,000 o que generen ingresos brutos anuales de al menos $2,318,244,000, y que estén sujetas a las regulaciones de precios de transferencia, deben presentar una declaración informativa anual. Esta declaración debe incluir información detallada sobre las transacciones que hayan llevado a cabo entre empresas que tengan algún tipo de relación de control, lo que significa que una empresa pueda influir en la fijación de precios en las transacciones con otras empresas relacionadas.
Por otro lado, en el Decreto 2487 del 16 de diciembre del 2022, se definieron los plazos para cumplir con las obligaciones formales de precios de transferencia, que incluyen la presentación de la declaración informativa y la documentación comprobatoria (informe local, informe maestro e informe país por país).[2] Es así que la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) indica que los obligados a declarar los precios de transferencia correspondiente al 2022 y el Informe Local deben ser entregados en forma virtual de acuerdo a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia, según el último dígito del NIT, entre el 7 y el 20 de septiembre de 2023.
Pero, ¿por qué es importante que las empresas tengan total conocimiento de los precios de transferencia? El no presentar la declaración informativa cuando es notificada (la DIAN da un plazo de un mes para hacerlo) generaría que no pueda ser usada como prueba a favor. Además, de enfrentarse a una sanción del 4% del valor total de las operaciones sujetas al régimen, hasta un máximo de $950,100,000. La sanción prescribe en 5 años desde la fecha límite de presentación.
“Además, el obedecer ante esta exigencia trae beneficios para las compañías. En primer lugar, las empresas obtienen un instrumento para compararse dentro de la industria a la que pertenecen y tomar decisiones que les ayude a mejorar su crecimiento económico. Por otro lado, los negocios están obligados a presentar una declaración jurada informativa todos los años a la Autoridad de Impuestos, lo que adquiere connotación fiscal nacional”, añade Vargas Alencastre.
Sumado a esto, el impacto de los precios de transferencia es muy positivo para el erario nacional de un país, dado que con la regulación de estos se busca que se pague el impuesto sobre las ganancias en el país donde estas se generen y así, evitar el traslado de las mismas a jurisdicciones de menor o nula tasa impositiva.
En conclusión, los precios de transferencia son una herramienta clave en el ámbito empresarial para garantizar que las transacciones comerciales entre empresas relacionadas se realicen a precios justos y equitativos. Aunque la implementación de los precios de transferencia en nuestro país puede resultar compleja y requerir una gran cantidad de información y análisis, su aplicación adecuada puede contribuir a la transparencia y la justicia fiscal en el contexto de las operaciones internacionales de las empresas, concluyó Carlos Vargas Alencastre, Líder de TPC Group.
