Mañana vence el plazo para que más de 3.600 empresas de transporte se pongan al día con la norma de lavado de activos

• Hasta este miércoles 6 de mayo, las compañías vigiladas por la Superintendencia de Transporte deben implementar el SARLAFT. Pero el verdadero reto no termina con tener el manual listo, desde ese momento deberán demostrar, en la operación diaria, que sí validan vehículos, propietarios, conductores y terceros para prevenir riesgos de lavado de activos, corrupción y sanciones.

El 6 de mayo no cierra el problema para las empresas de transporte. En realidad, lo abre. Desde esa fecha, las compañías vigiladas por la Superintendencia de Transporte no solo tendrán que decir que implementaron el SARLAFT, sino demostrar que ese sistema sí funciona en la práctica y que no quedó reducido a un manual archivado o a una política escrita sin efecto real.

Ese día vence el plazo para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, con el que las compañías deben prevenir que sus operaciones sean utilizadas para lavar dinero, financiar el terrorismo o mover recursos asociados a la proliferación de armas. En algunos casos, según el tipo de empresa y su nivel de ingresos, la obligación puede cumplirse mediante el Régimen de Medidas Simplificadas.

Quienes no cumplan se exponen a requerimientos, investigaciones y procesos sancionatorios. Además, según la Ley 336 de 1996, podrían enfrentar multas de entre 1 y 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con la gravedad del caso y la autoridad competente. Pero el riesgo no es solo económico. Una validación débil de terceros también puede comprometer la operación, cerrar puertas en el sistema financiero y deteriorar la reputación de la empresa frente a clientes, bancos y contratantes.

La alerta no es menor para un sector de enorme movimiento. Solo en 2025, en Colombia se movilizaron más de 151 millones de toneladas de carga por carretera, 3,7 % más que en 2024. En esa operación participaron 2.620 empresas de transporte, más de 166.000 vehículos y se registraron más de 13 millones de manifiestos y viajes, según el Ministerio de Transporte. En un ecosistema de esa escala, un control débil no es un detalle administrativo: es una vulnerabilidad operativa.

Por eso, el verdadero desafío empieza después del plazo. Ya no bastará con mostrar un documento. Lo que la autoridad y el entorno de negocios van a mirar es si la empresa sí conoce a sus terceros, si revisa alertas, si documenta decisiones y si conserva evidencia de las validaciones hechas antes de mover carga o contratar servicios.

En ese punto, el cumplimiento deja de ser una revisión aislada y pasa a exigir una mirada completa de la cadena operativa. No se trata solo de consultar el nombre de una empresa o los antecedentes de un conductor, sino de cruzar información entre todos los actores que participan en la operación: vehículo, propietario, conductor, cliente, proveedor, aliado, representante legal y beneficiario final. Una alerta en cualquiera de esos eslabones puede terminar comprometiendo a toda la compañía.

Santiago Hernández Zambrano, CEO de Tusdatos.co, startup especializada en la automatización de procesos para la validación combinada de antecedentes de personas, empresas y vehículos, advierte que uno de los errores más comunes es revisar una sola parte de la cadena y dar por hecho que eso basta. “El error más común es validar al conductor y olvidar al propietario, o verificar la empresa y no los antecedentes del vehículo. Un SARLAFT robusto exige cruzar la información de la máquina, quien la posee y quien la opera. Si uno de esos eslabones tiene alertas de activos ilícitos, toda la empresa queda expuesta”.

Lo que realmente tendrán que probar desde el jueves 7 de mayo

El primer paso para un cumplimiento serio es verificar si la empresa está bajo inspección, vigilancia o control de la Supertransporte y qué obligación concreta le aplica. Ese punto no debería asumirse de memoria. Debe revisarse con actividad económica, registros y documentos en mano. El segundo paso es mirar los ingresos del año anterior. La Resolución 4607 de 2026 precisó que las compañías con ingresos iguales o superiores a 142.206,50 UVB, con corte al 31 de diciembre del año anterior, deben implementar SARLAFT pleno. Para las que estén por debajo de 142.206,49 UVB, aplica el Régimen de Medidas Simplificadas.

El tercer punto es no asumir que el régimen simplificado deja a la empresa por fuera de los controles. La diferencia está en el alcance de las medidas, no en la ausencia de revisión. Incluso las compañías más pequeñas deben saber con quién están haciendo negocios: clientes, proveedores, conductores, propietarios de vehículos, representantes legales y beneficiarios finales. En cumplimiento, el tamaño cambia la intensidad del deber, pero no lo elimina.

También es clave definir responsables internos. No basta con que la gerencia sepa que existe la obligación. Debe quedar claro quién lidera el proceso, quién revisa alertas, quién actualiza información, quién conserva soportes y quién responde si la autoridad pide evidencia. A eso se suma la actualización de la matriz de riesgos: rutas, tipos de carga, pagos, intermediarios, cambios frecuentes de razón social, documentación incompleta o terceros difíciles de justificar deberían estar mapeados como focos sensibles.

Hernández insiste en que el punto decisivo no es llenar formatos, sino poder probar que la empresa sí revisó lo que debía revisar. “Mayo no es el fin del proceso, es el inicio de una nueva cultura de cumplimiento. La tecnología hoy permite que, en segundos, una empresa sepa si el conductor o el vehículo que está por cargar su mercancía representan un riesgo legal. Eso es convertir el SARLAFT en una herramienta de seguridad operativa”.

Por eso, desde este jueves la pregunta ya no será solo si el SARLAFT existe, sino si la empresa puede mostrar actas, consultas, soportes, cruces, decisiones internas y registros digitales de cada validación. En otras palabras, el plazo del 6 de mayo marca un cambio de etapa: del cumplimiento formal al cumplimiento demostrable. Y ahí muchas compañías descubrirán que el reto real no era llegar a la fecha, sino sostener una cultura de control que funcione todos los días.