El Consejo de Estado suspendió este lunes la totalidad de los efectos del Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno nacional había ordenado el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos en ahorros pensionales desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Con esto, se completa una suspensión parcial que el mismo organismo había dictado el 28 de abril.
En esa primera medida, el Consejo de Estado había frenado el giro de cerca de 20 billones de pesos correspondientes a afiliados que se trasladaron al régimen público pero que aún no tenían derecho a la pensión. Con la ampliación de hoy, quedan suspendidos también los 5 billones de pesos adicionales de las personas que ya están pensionadas. Es decir, el traslado completo queda paralizado mientras el tribunal resuelve de fondo la demanda de nulidad contra el decreto.
Por qué el tribunal intervino
El Consejo de Estado consideró que el Gobierno desbordó su potestad reglamentaria al expedir el decreto el 20 de abril. Según los magistrados, la norma contradice lo establecido en la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional, que en el parágrafo del artículo 76 establece que los recursos de los afiliados deben permanecer administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.
El tribunal advirtió que el decreto no se limitaba a reglamentar la ley sino que introducía reglas nuevas y sustanciales, generando un riesgo de daño irreparable sobre los ahorros de los colombianos y el equilibrio del sistema pensional.
Las reacciones
Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, celebró la decisión y consideró que protege los ahorros individuales de los trabajadores y evita movimientos forzosos de activos con potencial impacto sobre los mercados de capitales, en particular el mercado de deuda pública. La posición del gremio coincide con advertencias previas del Banco de la República, la Contraloría y Fedesarrollo, que habían señalado los riesgos de un traslado anticipado de esa magnitud.
El Gobierno, en cambio, criticó la ampliación de la medida. Ministros del gabinete argumentaron que la suspensión afecta la liquidez de Colpensiones y la sostenibilidad del sistema al impedir el ingreso de recursos de quienes ya migraron al régimen de prima media. El Ejecutivo había presentado un recurso de súplica para revertir la suspensión inicial, pero el tribunal decidió ampliarla.
Qué viene ahora
La suspensión es una medida cautelar provisional. El Consejo de Estado aún debe resolver de fondo la demanda de nulidad contra el Decreto 415, un proceso que podría extenderse semanas o meses. Mientras tanto, los recursos de los afiliados que solicitaron el traslado a Colpensiones permanecerán en las AFP.
El caso se enmarca en un proceso de implementación de la reforma pensional que acumula tensiones jurídicas y políticas en varios frentes, incluida la revisión de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional. La decisión de hoy reduce la incertidumbre inmediata en los mercados financieros, pero el debate de fondo sobre el alcance y la legalidad del decreto está lejos de cerrarse.