El presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto de 2026 con una economía marcada por desequilibrios fiscales acumulados, crecimiento moderado e inflación todavía lejos de la meta del Banco de la República. El reto central de su administración será recomponer la confianza de inversionistas y mercados sin frenar la recuperación.
Un punto de partida fiscal exigente
El déficit fiscal cerró 2025 cerca del 6,4 % del PIB, y para 2026 las proyecciones oscilan entre el 5,1 % que estima el Ministerio de Hacienda y cifras superiores al 6 % calculadas por agencias como Moody’s. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido sobre la necesidad de un ajuste estructural que distintas estimaciones ubican entre 30 y 45 billones de pesos para cumplir la meta fiscal del próximo año.
El margen de maniobra es estrecho. Cerca del 93 % del gasto público corresponde a obligaciones preexistentes, lo que limita la capacidad de recortar sin tocar transferencias, pensiones o funcionamiento básico del Estado. De la Espriella ha planteado una reducción drástica del tamaño del Estado, con fusión de ministerios y recorte de cargos, pero ejecutar ese ajuste en un Congreso fragmentado será una prueba política.
Deuda pública y costo de financiamiento
Otro de los retos que deja la poco fiable administración Petro, es la deuda bruta del Gobierno Nacional Central que se ubica entre el 60 % y el 63 % del PIB, con una participación externa cercana al 52 %. Aunque el país ha diversificado sus emisiones en otras monedas, el nivel de endeudamiento sigue siendo sensible a la trayectoria del déficit y a las tasas de interés internacionales.
Para el gobierno entrante, esto significa que cada decisión sobre subsidios, nómina o exenciones tributarias tendrá un efecto directo sobre la percepción de solvencia del país. Un ajuste fiscal creíble, será determinante para evitar un encarecimiento adicional del costo de la deuda. Algo que en los últimos meses no pareció preocuparle ni al presidente Petro ni a su desastroso ministro de Hacienda, que no tuvieron reparo en emitir deuda a tasas cercanas al 15 %.
Crecimiento moderado, inversión insuficiente
Las proyecciones de crecimiento para 2026 se mueven en un rango amplio, entre 2,2 % y 3,5 %, con la mayoría de los analistas convergiendo cerca del 2,5 % al 3 %. El impulso proviene del consumo de los hogares y el gasto público, mientras la formación bruta de capital fijo, la construcción y los hidrocarburos muestran un desempeño más débil.
De la Espriella ha fijado una meta ambiciosa de crecimiento de entre 6 % y 7 % anual, apoyada en desregulación, zonas económicas especiales, vivienda con crédito subsidiado y reactivación del sector de hidrocarburos. El reto será cerrar la distancia entre esa aspiración y una inversión privada que hoy se mantiene cautelosa por incertidumbre regulatoria y dudas sobre seguridad jurídica.
Inflación persistente
La inflación se mantiene por encima del rango meta del Banco de la República, con cierres proyectados para 2026 entre 5,8 % y 6,5 %. El incremento del salario mínimo de 23,7 % para este año, junto con efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, ha presionado los precios y dificultado la convergencia hacia la meta del 3 %.
Mientras la inflación no ceda, el Emisor mantendrá tasas de interés en terreno restrictivo, lo que frena el crédito y la inversión. El nuevo gobierno deberá coordinar su política fiscal con un Banco de la República independiente, sin generar señales que profundicen el desanclaje de expectativas.
El dilema tributario
Una de las banderas económicas del presidente electo es la reducción de la carga tributaria empresarial, incluida la eliminación del 4×1000 y del impuesto al patrimonio. La medida puede estimular la inversión, pero entra en tensión directa con un Estado que necesita financiar deuda y contener el déficit.
El mercado evaluará si cualquier alivio tributario viene acompañado de recortes de gasto igualmente creíbles. Sin ese equilibrio, una reducción de impuestos corre el riesgo de leerse como una señal de insostenibilidad fiscal antes que como un estímulo a la inversión.
Energía, seguridad y credibilidad
La propuesta de reactivar la producción de hidrocarburos, incluidos yacimientos no convencionales, puede aportar divisas y recaudo en el corto plazo, aunque enfrenta restricciones ambientales y tiempos largos de maduración. La seguridad, por su parte, tiene un efecto económico directo sobre el costo del transporte, la inversión regional y el turismo, áreas en las que el nuevo gobierno ha puesto énfasis explícito.
Dicho esto, el reto de fondo será la credibilidad. Mercados, calificadoras y gremios observarán si la nueva administración presenta un gabinete económico técnico, una secuencia de reformas realista y señales claras en sus primeros cien días de gobierno. Ojalá el país pueda dejar atrás, rápidamente, el mal legado económico que dejará el gobierno Petro.
