Errores en la interpretación de normas, jurisprudencia inexistente y exposición de información confidencial pueden llevar a las compañías a tomar decisiones equivocadas y tener que asumir consecuencias legales y económicas.
La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de consulta para resolver dudas legales, revisar documentos y buscar información sobre normas y procedimientos. Trasladar directamente sus resultados a decisiones empresariales puede generar errores de interpretación, incumplimientos, demandas y sanciones cuando la información no ha sido verificada por un profesional del derecho.
La facilidad de acceso a estas herramientas ha disparado su uso. Según el Future Ready Lawyer Survey de Wolters Kluwer (2026), más del 90% de los abogados encuestados ya utiliza al menos una herramienta de IA en su trabajo diario. En Colombia, Grupo Soluciones Legales ha identificado, en sus asesorías a más de 500 compañías, que esa tendencia también se extiende a los empresarios, quienes cada vez más consultan IA antes de acudir a un abogado. El problema surge cuando una respuesta generada automáticamente se asume como un concepto jurídico, pues estas plataformas no siempre cuentan con el contexto normativo completo y pueden entregar interpretaciones que no corresponden con las circunstancias particulares de una empresa.
Uno de los riesgos aparece cuando una compañía utiliza directamente una respuesta de IA en una demanda, un derecho de petición, un contrato o un proceso judicial. “Un error puede llevar a presentar una demanda con argumentos que no corresponden al caso, aplicar un procedimiento equivocado, asumir obligaciones que legalmente no existen o dejar vencer términos para ejercer un derecho. En un proceso judicial, incluso una referencia incorrecta puede debilitar la posición de la empresa y contribuir a la pérdida de una demanda. Por eso, las normas y sentencias citadas por una herramienta deben comprobarse antes de incorporarlas a cualquier actuación jurídica”, explica Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales.
Otro frente de riesgo está en la información que las compañías entregan a estas plataformas. Contratos, datos personales, documentos de clientes, información financiera o comunicaciones internas pueden contener información confidencial cuyo tratamiento requiere controles. Introducir estos documentos sin conocer las condiciones de la herramienta puede generar riesgos sobre la confidencialidad y la protección de datos, además de dejar por fuera elementos relevantes para el análisis jurídico.
Para mitigar estos riesgos, las empresas pueden establecer reglas internas sobre qué información puede cargarse en herramientas de IA, para qué actividades pueden utilizarse y en qué casos debe intervenir un abogado. También es necesario verificar la existencia, vigencia y aplicabilidad de las normas y sentencias que aparezcan en una respuesta, especialmente cuando esta vaya a utilizarse en un documento o procedimiento con efectos legales.
“La inteligencia artificial puede apoyar tareas de consulta y organización de información, pero no reemplaza el análisis de un abogado frente a una situación jurídica concreta. Antes de usar cualquier respuesta de IA en un documento con efectos legales, un abogado debe validarla. No hacerlo no es un ahorro de tiempo, es asumir un riesgo que la empresa podría evitar completamente”, concluye el directivo de Grupo Soluciones Legales.
