Riesgos en materia de control fiscal frente a las próximas elecciones presidenciales, lucha contra la corrupción y estrategias para evitar delitos que atenten contra la seguridad de los ciudadanos, fueron algunos de los temas que se abordaron en el Congreso Internacional “El control fiscal y las nuevas realidades” llevado a cabo por La Universidad Santo Tomás y la Auditoría General de la República.
El congreso, realizado los días 25 y 26 de noviembre, reunió a los diferentes entes de control y autoridades fiscalizadoras de América Latina y el Caribe. Contó con 32 ponencias nacionales e internacionales en las cuales se intercambiaron experiencias de países de la región y se identificaron fenómenos estructurales y trascendentales que inciden en la vigilancia y control de los recursos públicos.
Entre ellos, se habló acerca de los principales riesgos en materia de control fiscal a los que se enfrenta Colombia frente a las próximas elecciones presidenciales, donde Luis Carlos Pineda Téllez, contralor delegado para la participación ciudadana, afirmó que desde la Contraloría General de la República, ha identificado con diferentes mesas interinstitucionales, algunos riesgos que se mantienen crónicos y constantes, entre ellos, que se pueda estar entregando contratos a personas que no sean idóneas con la financiación de las campañas políticas y el valor de las elecciones, donde se deberá velar por custodiar los más 300 mil millones de pesos que se invierten en ellas y que hacen parte de los impuestos de los ciudadanos.
Razón, por la que, según afirmó, la Contraloría va a disponer de apps, instrumentos tecnológicos y unidades móviles para que los días de las elecciones de marzo y mayo, se cuenten con diferentes canales para que la ciudadanía pueda presentar sus denuncias tanto en temas propios de protección al patrimonio público, pero también en temas que tienen que ver con la voluntad propia del elector que se pueda ver afectada.
“Los riesgos son significativos pero estamos generando la articulación necesaria para generar mayor control social, mayor veeduría y sobre todo mayores canales de acceso para que el proceso democrático que se va a dar cumpla sus propósitos”, indicó Pineda
Por su parte, Albert Giraldo, Director de la Oficina de Estudios Especiales y de Apoyo Técnico de la Auditoria General de la República, AGR, destacó que el riesgo más latente, de cara a las próximas elecciones presidenciales, es que las redes de corrupción se hagan elegir o se hagan reelegir y por eso el compromiso del Estado es hacia todos los procesos de capacitación y formación a la ciudadanía para que cumplan con su deber de un voto responsable.
Entre tanto, Camilo Ernesto Jaimes asesor de la Vicepresidencia de la República de Colombia y de la Secretaría de Transparencia, aseguró que el gobierno nacional ha iniciado mesas interinstitucionales para establecer cuáles son los posibles riesgos e identificar los mejores canales de denuncia de casos de corrupción, con el fin de darle toda la seguridad en distintos temas a toda la ciudadanía colombiana en los comicios electorales que vienen para el próximo año.
Lucha contra la corrupción
Teniendo en cuenta que con la obligatoriedad de las vacunas contra el covid-19, ha avanzado el proceso de reactivación económica y familias que vieron fuertemente afectados sus ingresos empiezan a recuperarse, surge la duda de cómo se podría garantizar el control fiscal para evitar casos de corrupción, cuando con dicha recuperación, el gobierno nacional ha contemplado continuar con ayudas y subsidios hasta el próximo año, razón por la que Camilo Jaimes resaltó que el papel de la institucionalidad es fundamental para hacer seguimiento a la destinación de los recursos.
De igual modo señaló, que, desde la Secretaría de Transparencia han adelantado varios trabajos como revisar cómo estaban en términos de transparencia no solo las ayudas que estaban entregando los municipios sino el gobierno nacional, donde internamente se solicitaba a las entidades dar claridad sobre cómo y dónde se entregaban las ayudas.
En cuanto a la reactivación, indicó que se hace asesoría al ministerio de salud en temas de transparencia y mitigación de riesgos, dejando como resultado un plan anticorrupción con claridad acerca de lo que debe saber el ciudadano.
Por su parte, Luis Carlos Pineda, explicó que con la declaratoria de emergencia sanitaria del país, trabajaron tres índoles fundamentales, una de ellas, la que tenía que ver con la atención a la emergencia sanitaria donde el gobierno tuvo que tener en cuenta toda la adquisición de elementos de bioseguridad para garantizar efectivamente una protección a la vida de los colombianos, pero así mismo habían otros componentes, como la atención a la población vulnerable que se dio a través de los subsidios, entre ellos el ingreso solidario, donde la Contraloría hizo algunas observaciones, sobre todo en lo que tenía que ver con la población beneficiaria de estas ayudas para que efectivamente fueran dirigidas a quienes las necesitaban.
Y el tercer componente, que tiene que ver con los procesos de reactivación económica donde se tuvieron que asignar recursos para este fin, que aún se siguen ejecutando y que tienen que verse dentro de la evaluación fiscal tanto en lo que se viene haciendo en este semestre como de lo que viene para 2022, con el fin de verificar si efectivamente cumplir con los fines y propósitos de la declaratoria, que no era otra que combatir los efectos de la pandemia.
Sin embargo, Pineda resaltó que el reto principal además de lo sociológico y cultural de convivir con una pandemia, incentivando la presencialidad, son los temas propios de verificar si efectivamente el Estado debe conservar o no las ayudas a través de los subsidios y eso solo lo definirá el tiempo. Entre tanto, la labor de la Contraloría se centrará en continuar con los ejercicios de vigilancia para evitar el detrimento patrimonial.
Estrategias para evitar delitos que atenten contra la seguridad de los ciudadanos
Alejandro Gómez, decano de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás, resaltó que desde el punto de vista académico, se ha insistido en que Colombia debe construir una política criminal que tenga distintos componentes y que no esté basada solo en la sanción penal porque, entre otras cosas, el sistema penal está colapsado. Explicó que esta política debe fortalecerse bajo el criterio preventivo, en donde se debe construir bajo unos lineamientos muy claros en relación con el fenómeno de la corrupción para Colombia.
Además indicó que se debe fortalecer la articulación entre las distintas instituciones que podrían encargarse de esa política criminal preventiva, lo que implica un esfuerzo en términos de infraestructura. Recalcó que desde la academia, la Universidad Santo Tomás diseñó una maestría en criminología y construcción de políticas públicas sobre el crimen priorizando los delitos más importantes y graves en el contexto colombiano, donde por supuesto entra la corrupción.
El congreso internacional de control fiscal para la vigencia 2021 tuvo como objetivo principal, el abordaje del control fiscal a partir de las nuevas realidades sociales, económicas, políticas y culturales que coexisten en los países de América Latina y el Caribe, mediante el intercambio de experiencias y la identificación de fenómenos estructurales y trascendentales que inciden en la vigilancia y control de los recursos públicos.
