El ministro de Hacienda abandonó en plena sesión la junta directiva del Emisor tras la decisión de subir las tasas. Un gesto que es una agresión deliberada a la institucionalidad colombiana.
Este martes, en lo que debería haber sido una reunión técnica de rutina, Colombia fue testigo de un espectáculo bochornoso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantó de la mesa de la Junta Directiva del Banco de la República y se marchó. La decisión mayoritaria de subir la tasa de intervención en 100 puntos básicos, llevándola al 11,25 %, le resultó intolerable. Tan intolerable que ni siquiera aguardó la rueda de prensa posterior.
Fue un gesto infantil, previsible y devastador. No para el Banco de la República, que mantuvo su compostura y su criterio. Sí para la credibilidad de este Gobierno ante los mercados, los inversionistas y los colombianos que ya padecen las consecuencias de años de improvisación fiscal.
La irresponsabilidad de siempre
Ávila y el Gobierno Petro llevan meses repitiendo que las tasas altas ‘frenan el crecimiento’ y ‘castigan al pueblo’. Lo que omiten es que la inflación que obliga a esta respuesta monetaria es hija directa de sus propias políticas. El aumento desmesurado del salario mínimo, el gasto fiscal irresponsable y la permanente amenaza de intervenciones populistas han generado presiones de costos que el Emisor no puede ignorar sin traicionar su tarea constitucional.
El propio Plan Financiero del Ministerio ya proyecta una inflación del 5,8 % para 2026. Una cifra que es de alarma. Subir la tasa de interés no es ‘ortodoxia neoliberal’, como le gusta caricaturizar al Gobierno. Es la única herramienta disponible para anclar expectativas y evitar que Colombia repita los experimentos fallidos que ya conocemos en la región.
Tres costos reales de este rompimiento
Primero, el daño a la credibilidad. Los mercados no son ingenuos. La salida intempestiva del ministro genera incertidumbre sobre la gobernabilidad macroeconómica del país. ¿Se repetirá el espectáculo en cada junta? ¿Hasta dónde llegará la presión sobre el Emisor? El riesgo país sube, las primas de los bonos soberanos se encarecen y el peso se vuelve más vulnerable. Cuando los gobiernos atacan la independencia del banco central, el capital huye y los costos de financiamiento se disparan para todos.
Segundo, el efecto sobre las expectativas de inflación. Al politizar la discusión, el Ejecutivo erosiona la confianza en que el Banco de la República podrá cumplir su mandato. Si los agentes económicos perciben que la política monetaria puede ceder ante presiones políticas, las expectativas se desanclan. Y una inflación desanclada se paga con tasas aún más altas y un crecimiento aún más anémico en el futuro.
Tercero, el impacto real en la economía. Sí, las tasas altas encarecen el crédito. Pero la culpa no es del Banco de la República. Es del Gobierno que generó la inflación que obliga a esta respuesta. Empresas y hogares pagan hoy el precio de un salario mínimo inflacionario, de un déficit fiscal delicado y de un plan financiero que no aguanta un análisis serio. El verdadero costo del rompimiento de Ávila lo pagarán los colombianos de a pie con menos empleo, menos inversión y un crecimiento rehén de la improvisación.
Una herencia envenenada
Este episodio es la consecuencia de un Gobierno que nunca ha entendido que la estabilidad macroeconómica no se negocia en plazas públicas ni se impone por decreto. Al fracturar su relación con el Emisor, Ávila y Petro debilitan las pocas instituciones que aún sostienen la confianza en Colombia y, además, se las dejan rotas al próximo Gobierno.
El Banco de la República no es un adversario político. Es una institución técnica cuya independencia protege a todos los colombianos, especialmente a los más vulnerables, de los experimentos populistas. Eso es precisamente lo que el Gobierno no soporta.
El ministro Ávila se levantó de la mesa creyendo que enviaba un mensaje de fuerza. Envió uno de derrota. Quedó como un matón de poca monta, un fiel reflejo de su jefe.
